Ecuatoriano, narrador y crítico literario. Encarcelado a finales del año de 1989, liberado en octubre de 1990 y desaparecido el 10 de noviembre de ese mismo año. Perteneció al Taller de Literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana coordinado por el novelista Miguel Donoso Pareja. Fue fundador del colectivo La Mosca Zumba, en cuya revista publicó varios textos. Dio a conocer artículos de crítica en el suplemento La liebre ilustrada de diario El Comercio.
Las atrocidades que sufrió el escritor se debió al contexto en el que vivió; en Ecuador se establecieron políticas de Estado orientadas a reprimir la organización y protestas sociales y otras manifestaciones contrarias al gobierno, aún las provenientes de medios y periodistas independientes o aquellas surgidas de otros opositores políticos. Era durante el gobierno neoliberal de León Febres Cordero cuando se agudizó la política, viéndose marcada la década por la aparición de grupos alzados en armas y por una represión generalizada sobre los sectores juveniles en especial.
En este contexto, y frente a los reclamos de ciudadanos y de los movimientos sociales, los derechos humanos fueron vulnerados, llegando al extremo de encarcelamientos, asesinatos sin fórmulas de juicio y desapariciones, tal como consta en el Informe de la Comisión de la Verdad, que para investigar estos casos se organiza en el actual período gubernamental.
Gustavo Garzón Guzmán fue detenido en la ciudad de Quito el 7 de agosto de 1989, por encontrarse armas en el vehículo en el cual viajaba junto con Marcos Lenin Checa Artos. Conducido al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) fue torturado y mientras permaneció detenido afrontó varios juicios en su contra por presunta participación en el asalto a una entidad bancaria en la ciudad de Pimampiro, provincia de Imbabura, causa en la que fue absuelto y en la que al ser remitida al juzgado décimo de lo Penal de Pichincha para que se continúe el trámite por tenencia ilegal de armas, fue sobreseído. Su liberación se dio el 7 de septiembre de 1990.
El 9 de noviembre de 1990 en horas de la tarde, Gustavo Garzón Guzmán salió de su domicilio ubicado en la ciudad de Quito en el sector de San Juan, hacia la Editorial “El Conejo” a cobrar un cheque por la publicación de una obra literaria. Gustavo Garzón Guzmán desapareció en la madrugada del 10 de noviembre de 1990, después de la reunión con sus amigos no llegó a su domicilio, por lo que su familia lo buscó en hospitales, clínicas e inclusive la morgue sin obtener resultado.
El 29 de noviembre de 1990, Clorinda Guzmán de Garzón madre de Gustavo Garzón presentó una denuncia ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por su presunción de la desaparición de su hijo: “se debe a motivaciones claramente políticas que violan disposiciones legales, constitucionales relacionadas con la libertad, la seguridad, el libre pensamiento, el derecho a la integridad y a la vida”. Sin embargo, el Tribunal mediante Resolución Nº 042-96-CP se inhibe de avocar conocimiento por falta de competencia en razón de la materia y ordena el archivo del expediente.
La madre de Gustavo Garzón remitió múltiples comunicados a diferentes autoridades en distintos gobiernos nacionales, como también a organizaciones internacionales, entre las que se encuentra el Grupo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no han conseguido resultados satisfactorios y aun no se conoce el paradero de Gustavo Garzón.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su análisis en el 2010, acusa directamente al Estado ecuatoriano por la desaparición forzosa de dos personas, (Garzón y Freddy Marcelo Núñez Naranjo) al no garantizar la debida protección judicial como se establece en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Se trata de un caso más de desaparición de los muchos que ocurrieron, víctimas de un proceso de represión que marcó un importante momento de la “historia oscura” del país ecuatoriano. El caso de Garzón, al igual que el de los hermanos Restrepo, son problemas sociales que están inmersas en el imaginario colectivo, en las conciencias, a pesar de que poco se hable de ello. Se trata de cuestiones de interés social, de los que el Estado y sus respectivos gobiernos deben asumir responsabilidades, pues los casos no han sido resueltos ni aclarados. Esto alarga el sufrimiento de las familias, pero también la lucha por saber la verdad; por encontrar vivos a sus seres queridos, en el mejor de los casos, o encontrar un cuerpo que les garantice que efectivamente están muertos, y así tengan un poco de tranquilidad.
